Psiquiatría forense: responsabilidad, capacidad y peritaje

Locura y derecho antes de la psiquiatría

El derecho europeo disponía de doctrinas sobre locura y responsabilidad mucho antes de que existiera el alienismo, y en el derecho inglés medieval y moderno temprano hubo varios intentos de describir las condiciones en que una persona no debía responder penalmente como un sujeto ordinario. Por esa razón, las reglas de M’Naghten de 1843 no fueron el primer test de insanía en sentido histórico amplio. Lo nuevo durante el siglo XIX fue la participación creciente de médicos especializados como peritos.

En Estados Unidos, Isaac Ray publicó en 1838 A Treatise on the Medical Jurisprudence of Insanity, que la historiografía considera el hito principal en la formación de la psiquiatría forense estadounidense. Ray argumentaba que unas categorías jurídicas demasiado estrechas podían no reconocer formas de enfermedad mental que los médicos describían clínicamente, y esa pretensión aumentaba a la vez la autoridad del experto dentro de los tribunales. El conflicto entre definición médica y definición jurídica estaba presente, por tanto, desde el origen mismo de la especialidad.

Daniel M’Naghten y sus reglas

En 1843, Daniel M’Naghten disparó contra Edward Drummond, secretario del primer ministro Robert Peel, aparentemente porque lo confundió con su objetivo dentro de un sistema persecutorio delirante, y fue declarado no culpable por razón de insanía. La reacción pública y política llevó a la Cámara de los Lores a formular preguntas a los jueces sobre los criterios jurídicos de responsabilidad, y de sus respuestas nacieron las reglas de M’Naghten.

Su núcleo era cognitivo: para eximir de responsabilidad, un defecto de razón derivado de una enfermedad de la mente debía impedir al acusado conocer la naturaleza y la calidad de su acto, o saber que lo que hacía era incorrecto. La formulación ejerció una influencia enorme en las jurisdicciones de tradición inglesa, y conviene recordar que no era una clasificación médica: la expresión jurídica disease of the mind no se traduce automáticamente a ninguna categoría del DSM o de la CIE.

De ahí se sigue la distinción fundamental del campo. Tener un trastorno mental no determina por sí mismo la responsabilidad penal, y una persona puede presentar esquizofrenia, bipolaridad o discapacidad intelectual sin cumplir el estándar de inimputabilidad de una jurisdicción determinada. La operación inversa también es incorrecta: la insanía es un resultado jurídico, no un diagnóstico clínico. El perito aporta información sobre el estado mental; la decisión normativa corresponde al tribunal.

Capacidad civil y competencia procesal

La relación entre psiquiatría y derecho se desarrolló también fuera del ámbito penal. Durante el siglo XIX, psiquiatras y otros médicos participaron en litigios sobre testamentos, contratos, tutela y administración de bienes, y los procesos testamentarios fueron particularmente importantes para el desarrollo del peritaje estadounidense. La capacidad civil obligó a distinguir la enfermedad de la incapacidad para una decisión específica, cuestión que reaparece en la historia contemporánea examinada en el artículo 60.

Otra distinción ganó importancia con el tiempo: la competencia para ser juzgado no equivale a la responsabilidad en el momento del delito. La primera se refiere al estado actual de la persona y a su capacidad para comprender el proceso y colaborar con su defensa; la segunda, a un estado mental pasado. La diferencia parece elemental desde la práctica forense moderna, y necesitó décadas de elaboración jurídica y profesional.

El experto en juicio

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el testimonio psiquiátrico generó controversias públicas considerables. Dos expertos podían examinar un mismo caso y llegar a conclusiones opuestas, y las críticas apuntaban a la parcialidad, a la contratación por las partes, a la incertidumbre diagnóstica y a una pretensión excesiva de autoridad científica. Esas controversias acompañaron la profesionalización del peritaje y no desaparecieron con la estandarización diagnóstica posterior.

La American Academy of Psychiatry and the Law se fundó en 1969, y su creación marcó la consolidación estadounidense de una comunidad profesional dedicada a la interfaz entre psiquiatría y derecho; la certificación y los programas de formación llegaron después. Ese modelo institucional no debería proyectarse sobre todos los sistemas jurídicos, porque en otras jurisdicciones la psiquiatría forense adoptó estructuras distintas y mantiene relaciones diferentes con los tribunales, los hospitales de seguridad y los sistemas penitenciarios.

Durante buena parte del siglo XX se interrogaba a los psiquiatras sobre la peligrosidad de pacientes y acusados, expresión que sugería una propiedad relativamente estable de la persona. Las limitaciones de las predicciones clínicas no estructuradas estimularon desde finales de siglo el desarrollo de modelos actuariales, evaluación estructurada, factores dinámicos y formulación de escenarios, y el vocabulario se desplazó hacia el riesgo de violencia. El cambio fue metodológico y conceptual a la vez: el riesgo se entiende como probabilístico y dependiente del contexto.

Una autoridad que nunca puede ser completa

La psiquiatría forense se desarrolló en un espacio donde la autoridad médica no puede ser total, porque el diagnóstico, la responsabilidad, la competencia y la capacidad pertenecen a niveles distintos.

El campo adquirió estabilidad profesional cuando esa diferencia empezó a reconocerse de manera explícita, y no cuando la psiquiatría consiguió sustituir al derecho.