1973: ruptura sin desaparición de la psiquiatría
El golpe de Estado alteró profundamente universidades, servicios públicos y organizaciones comunitarias. La psiquiatría intracomunitaria del Área Sur perdió la inserción territorial que la había sostenido y numerosos profesionales fueron exonerados, perseguidos o exiliados. Sería igualmente incorrecto describir el período de 1973 a 1990 como un tiempo sin salud mental: continuaron los hospitales, la atención ambulatoria, la formación y la práctica privada, y se desarrollaron experiencias institucionales nuevas, bajo un sistema político autoritario y con una organización sanitaria profundamente transformada.
La ruptura decisiva para esta historia está además en el tipo de sufrimiento que el propio Estado produjo. La prisión política, la tortura, las ejecuciones, la desaparición forzada y el exilio generaron daños que no podían comprenderse adecuadamente como trastornos aislados de su causa social, y esa constatación obligó a profesionales y organizaciones a discutir la relación entre clínica, violencia política, testimonio y reparación.
Trauma político y organizaciones de derechos humanos
Durante los años setenta y ochenta, profesionales de la salud mental participaron en espacios creados por organizaciones de derechos humanos y religiosas para atender a sobrevivientes, familiares de detenidos desaparecidos, presos políticos, exiliados y retornados. FASIC organizó un Programa Médico Psiquiátrico y la Vicaría de la Solidaridad articuló el apoyo jurídico y social con redes profesionales; otras organizaciones construyeron dispositivos semejantes. Esos equipos no solo prestaron asistencia: produjeron categorías y formas de intervención para pensar los efectos de la represión estatal.
De ese trabajo salió un lenguaje de trauma político que insistía en no privatizar el daño. El insomnio, el miedo, los síntomas depresivos, la ansiedad, el duelo y las dificultades familiares podían ser consecuencias de una violencia organizada y no simples vulnerabilidades individuales. La experiencia chilena se conectó con redes internacionales de exilio y contribuyó a una clínica de derechos humanos que continuaría después del retorno a la democracia.
Una historia profesional también incómoda
La relación entre las profesiones de salud mental y la dictadura no fue únicamente de resistencia. Una investigación reciente, basada en entrevistas, archivos gremiales y otras fuentes, ha documentado aportes directos e indirectos de algunos profesionales de la psicología a interrogatorios, tortura y dispositivos de control social. La evidencia disponible exige dos cautelas simultáneas: no permite atribuir colaboración a la psicología ni a la salud mental como profesiones completas, y obliga a incorporar a su historia los usos coercitivos del conocimiento psicológico y las responsabilidades éticas que esos usos plantean.
La misma disciplina podía servir para rehabilitar a una víctima o para perfeccionar mecanismos de sometimiento. Esa ambivalencia conecta la historia reciente chilena con problemas examinados en otros capítulos del curso: el conocimiento clínico no determina por sí solo el uso moral de una práctica.
1990: democracia y un nuevo marco regional
El retorno a la democracia coincidió con un cambio regional. La Declaración de Caracas, examinada en el artículo 80, ofreció desde noviembre de 1990 un marco que en Chile dialogaba tanto con las experiencias comunitarias anteriores a 1973 como con la necesidad de reconstruir y democratizar las políticas públicas de salud mental.
El proceso tuvo más de un documento programático. En 1990 se publicó un Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría que proponía ampliar la cobertura, fortalecer la atención abierta e integrar los servicios especializados en establecimientos generales. En 1993, el Ministerio de Salud aprobó Políticas y Plan Nacional de Salud Mental, que explicitó con mayor fuerza la superación progresiva del modelo asilar, la reducción de las internaciones y la inserción de la salud mental en la atención primaria. El Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría de 2000 profundizó la construcción de una red diversificada y comunitaria. La secuencia de 1990, 1993 y 2000 es más fiel a las fuentes que atribuir el comienzo de la reforma a un solo plan.
La reforma comunitaria en la práctica
El modelo impulsó la expansión de la salud mental en la atención primaria, las consultorías entre especialistas y equipos generales, los centros comunitarios, los hospitales de día, los hogares y residencias protegidas y la hospitalización psiquiátrica en hospitales generales, y la participación de usuarios y familiares adquirió presencia explícita en la política sanitaria. La implementación fue territorialmente desigual y convivió con hospitales psiquiátricos, listas de espera, déficits de vivienda y diferencias de recursos entre servicios.
La reforma obtuvo avances en acceso y diversificación sin equivaler a la desaparición del modelo asilar. La Reforma de Salud de mediados de la década de 2000 añadió otra capa, porque las Garantías Explícitas en Salud establecieron garantías de acceso, oportunidad y protección financiera para problemas seleccionados: la esquizofrenia desde el primer episodio ingresó en 2005 y la depresión en mayores de quince años en 2006, y después se incorporaron el consumo problemático de alcohol y drogas en menores de veinte años y el trastorno bipolar, entre otros. El sistema amplió derechos exigibles para diagnósticos específicos sin sustituir la necesidad de una red comunitaria integral.
De los planes al lenguaje de derechos
El Plan Nacional de Salud Mental 2017–2025 profundizó los principios de intersectorialidad, comunidad, inclusión y derechos, y reconoció explícitamente las brechas persistentes en cobertura, recursos y desarrollo territorial. Para entonces, la discusión ya no se limitaba al lugar del tratamiento: incorporaba autonomía, participación, discriminación, inclusión social y condiciones de vida.
La Ley 21.331, promulgada el 23 de abril y publicada el 11 de mayo de 2021, reconoció y protegió los derechos de las personas en la atención de salud mental. Reguló, entre otros aspectos, los principios de autonomía, no discriminación e inclusión, la atención preferentemente ambulatoria y comunitaria y el carácter excepcional de la hospitalización psiquiátrica. Su importancia histórica está en haber convertido parte del lenguaje de derechos en obligaciones jurídicas explícitas, y su existencia no garantiza por sí sola el cumplimiento ni resuelve todos los problemas de regulación del sistema.
Una reforma que no tiene final
La historia chilena desde 1852 podría ordenarse como un desplazamiento desde el encierro hacia la comunidad y los derechos, y esa teleología sería engañosa. El asilo nació también con aspiraciones terapéuticas; las innovaciones comunitarias han convivido con instituciones de larga estadía; una garantía legal puede ampliar el acceso sin resolver la continuidad, la vivienda o la rehabilitación; una ley de derechos puede coexistir con prácticas que todavía la contradicen.
El curso cierra, por eso, en una tensión y no en una victoria. La psiquiatría chilena pasó de una Casa de Orates organizada mediante beneficencia y tutela a una red cuyo lenguaje normativo privilegia la comunidad y los derechos humanos, y la pregunta histórica que permanece es cómo esos principios se traducen, o no, en instituciones, recursos y prácticas cotidianas.
Referencias seleccionadas
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- Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Atención médico-psicológica de personas afectadas por la represión política en Chile: el programa médico psiquiátrico de FASIC. Documento de trabajo; 1985. Archivo y Centro de Documentación FASIC.
- Minoletti A, Zaccaria A. Plan Nacional de Salud Mental en Chile: 10 años de experiencia. Rev Panam Salud Publica. 2005;18(4–5):346–358. doi:10.1590/S1020-49892005000900015.
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- Ministerio de Salud de Chile. Políticas y Plan Nacional de Salud Mental. Santiago: MINSAL; 1993.
- Ministerio de Salud de Chile. Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría. Santiago: MINSAL; 2000.
- Ministerio de Salud de Chile. Plan Nacional de Salud Mental 2017–2025. Santiago: MINSAL; 2017.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley N.º 21.331, del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental. Promulgada el 23 de abril de 2021; publicada el 11 de mayo de 2021.
- Organización Panamericana de la Salud. Declaración de Caracas. Caracas; 1990.
Jonathan Alarcón C., ed. Dictadura, derechos humanos y reforma de la salud mental en Chile. Docencia en Psiquiatría. Revisión 26 de agosto de 2026. https://portal-docencia-psiquiatria-uc-hlf.pages.dev/historia/dictadura-derechos-humanos-y-reforma-de-la-salud-mental-en-chile/